Santo Domingo, D.N.-. El conflicto de la Cámara de Cuentas ha impedido iniciar la ejecución del Plan Anual de Auditoría (PAA-2023), que pretendía examinar la ejecución presupuestaria de RD$ 872,377, 448,464.04, de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en 79 instituciones estatales y gobiernos municipales, que abarcaría la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader.
Entre las instituciones pertenecientes al gobierno central, que debieron auditarse en el primer trimestre enero/marzo, del año 2023, se encuentran: Deuda Pública, correspondiente al año 2022; Ministerio de Economía, años 2019, 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Educación, correspondiente a los años 2020 y 2021; Instituto de Bienestar Estudiantil, INABIE, una investigación especial solicitada por la PEPCA, periodo agosto del 2020 a junio del 2022; y el Ministerio de Turismo, en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
También se contempló, auditar a la Junta Central Electoral durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y la Liga Municipal Dominicana, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022; la entidad descentralizada, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL; años 2019, 2020, 2021 y 2022, sin que al mes de mayo, se hayan iniciados los trabajos de investigación financiera.
Mientras que las instituciones del gobierno central, contempladas para ser auditadas en el segundo trimestre abril/junio de este 2023, PAA-2023, sin evidencia a la fecha de que hayan iniciado, se encuentran: Programa Supérate; correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022; Policía Nacional, los años 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Hacienda, los años 2021 y 2022; Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022; Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, años 2019, 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022.
También, el Ministerio de Medio Ambiente durante los años 2020, 2021 y 2022; para el segundo trimestre, fueron además programadas, las auditorías de las instituciones descentralizadas y autónomas: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI, investigación especial, al proyecto de la presa Monte Grande; años 2009-2016; Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, auditorías, que tampoco, se han realizado.
SEGUIR ESTA NOTA SIN EDITAR
Santo Domingo, D.N., 29 de mayo del 2023.- Las diferencias entre los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana: Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente; Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta; Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria; Mario Arturo Fernández Burgos, miembro y Elsa Peña Peña, miembro, ha impedido iniciar la ejecución del Plan Anual de Auditoría (PAA-2023), que pretendía examinar la ejecución presupuestaria de RD$ 872,377,448,464.04, de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 en 79 instituciones estatales y gobiernos municipales, que abarcaría la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader.
Entre las instituciones pertenecientes al gobierno central, que debieron auditarse en el primer trimestre enero/marzo, del año 2023, se encuentran: Deuda Pública, correspondiente al año 2022; Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,años 2019, 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Educación, correspondiente a los años 2020 y 2021; Instituto de Bienestar Estudiantil, INABIE, una investigación especial solicitada por la PEPCA, periodo agosto del 2020 a junio del 2022; Ministerio de Turismo, los años 2019, 2020, 2021 y 2022; para ese mismo periodo, también se contempló, auditar, al órgano constitucional, Junta Central Electoral, que incluían los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y la Liga Municipal Dominicana, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022; la entidad descentralizada, Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, INDOTEL; años 2019, 2020, 2021 y 2022, sin que al mes de mayo, se hayan iniciados los trabajos de investigación financiera.
Mientras que las instituciones pertenecientes al gobierno central, contempladas para ser auditadas en el segundo trimestre abril/junio de este 2023, PAA-2023, sin evidencia a la fecha de que hayan iniciado, se encuentran: Programa Supérate; correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022; Policía Nacional, los años 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Hacienda, los años 2021 y 2022; Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022; Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, años 2019, 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, años 2020, 2021 y 2022; para el segundo trimestre, fueron además programadas, las auditorías de las instituciones descentralizadas y autónomas: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRHI, investigación especial, al proyecto de la presa Monte Grande; años 2009-2016; Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022, auditorías, que tampoco, se han realizado.
El conflicto entre los miembros del pleno de la entidad fiscalizadora del gasto, ha impedido que se hayan enviado a la fecha, las credenciales de los auditores, que deberían estar preparándose, para auditar las instituciones, listadas en el tercer trimestre, julio/septiembre 2023, entre las que están: Investigación Especial a la eliminada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, año 2013; Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, años 2020, 2021 y 2022; Investigación Especial, ( Verificación de los procesos de contratación, ejecución, de pagos, adquisiciones bienes y servicios, compras, entradas y salidas de recursos financieros, adquisición de servicios tecnológicos, entrada y salidas de inventarios, nóminas) en el Ministerio de Educación, periodo comprendido entre el 17 de agosto del año 2020 al 3 de agosto del año 2022; Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, años 2019, 2020, 2021 y 2022; Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, años 2020, 2021 y 2022; Investigación Especial, Proyecto “Reconstrucción Vía Circunvalación Verón Bávaro, Provincia La Altagracia” de referencia CEIZTUR-CCC-LPN-2019-0008, adjudicado a la sociedad comercial Constructora Vicasa, SRL, en el Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas, CEIZTUR.
Para el cuarto y último trimestre del año, octubre/diciembre, en el cronograma de instituciones para ser auditadas, encontramos: Ministerio de Relaciones Exteriores, correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022; Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, PROPEEP, correspondiente a los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, al PAA-2023, se le suma, las 84 investigaciones especiales, correspondientes a diversos periodos, solicitadas por la Procuraduría Especializadas de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, de las que se han concluidos, menos de 10, entre las investigaciones solicitadas, se encuentran: Ministerio Administrativo de la Presidencia, gestión 2012-2020; Ministerio de Hacienda, gestión 2012-2020; Plan Social de la Presidencia, periodo 2016-2020; de las empresas distribuidoras de electricidad, EDENORTE, EDEESTE, EDESUR, periodo de gestión, 2012-2020; Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana, UERS, periodo de gestión, 2012-2020, entre otras.
A juicio del presidente de la organización que lucha contra la corrupción, la presente situación, amenaza seriamente, la lucha contra la corrupción, emprendida por el ministerio público y deja el sabor amargo, de la desilusión de la sociedad que clamaba por un órgano de control, eficiente y diligente, que permitiera cambiar la percepción legítima de que esa entidad, no es más que una Cámara de Cuentos, lo que es confirmado, con el incumplimiento de rol fiscalizador, que se inicia, con la aprobación del Plan Anual de Auditoría, en el cual se incluye, apenas el 5.1% de las instituciones que manejan fondos públicos, cuando debería ser, la totalidad, pero que ni siquiera ese ínfimo número de entidades, es fiscalizado en tiempo hábil, como manda la Constitución de la república y la Ley 10-04, de Cámara de Cuentas. Finalizó Julio De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO.